Cátedra Perú de la USMP desarrolló su sesión N° 132 denominada: “La urgencia de resguardar las fronteras internacionales del Perú” en el auditorio del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la USMP, lugar donde asistieron invitados de diferentes instituciones, docentes y alumnos de nuestra casa de estudios para profundizar sobre esta problemática a cargo de los especialistas que tuvo el panel.
El Dr. Hugo Guerra Arteaga, Director Ejecutivo de Cátedra Perú, inauguró la sesión en representación del Rector de la USMP, Ing. José Antonio Chang Escobedo, subrayando la urgencia de reforzar la defensa y presencia del Estado en las fronteras peruanas.
En ese sentido, señaló datos contundentes sobre la magnitud del desafío: miles de kilómetros de líneas fronterizas —terrestres y marítimas— que requieren medidas sostenidas y coordinadas, y recordó, con perspectiva histórica, que los mapas y territorios han cambiado a lo largo del tiempo por decisiones políticas, conflictos y procesos internacionales.
Asimismo, puso especial énfasis en la debilidad de la presencia estatal en gran parte del territorio: afirmó que cerca del 70% del país carece de presencia real y efectiva del Estado y que, frente a 14 pasos fronterizos oficiales, investigaciones independientes identifican hasta 180 pasos y trochas que facilitan el tránsito irregular de personas y mercancías.
“Esa realidad convierte amplias zonas en “coladeras” por donde circulan con impunidad flujos vinculados a la migración irregular, el narcotráfico y la trata de personas”, denunció.
Finalmente, el Dr. Guerra describió amenazas concretas por eje fronterizo —cultivos ilícitos y minería ilegal en el norte; presencia de grupos armados y plantaciones en el noreste; avance de intereses brasileños en zonas como Purús; socavones y contrabando en el sur— y advirtió sobre la pesca ilegal en alta mar como otro problema crítico. Cerró su intervención reclamando mayor presencia estatal, capacidades tecnológicas y políticas públicas sostenidas.
El grupo de expertos inició con la intervención del Vicealmirante A. P. (r) Javier Bravo Villarán, quien contextualizó la problemática en las últimas décadas y relacionó la seguridad fronteriza con decisiones políticas, cambios institucionales y prioridades presupuestales. Asimismo, explicó que la posición geográfica del Perú y su pertenencia a foros internacionales (como APEC) le confieren una relevancia estratégica en el Pacífico, pero también exponen recursos y vías de comunicación que deben protegerse con políticas coherentes y continuidad institucional.
Por otra parte, repasó la trayectoria de los programas de ocupación y desarrollo fronterizo —como las UMARES y los esfuerzos de colonización y presencia estatal desde la década de 1960— y lamentó que muchos de esos instrumentos hayan sido debilitados.
Por otro lado, mencionó la importancia histórica y actual de ríos, lagos y vías marítimas como ejes de vida y soberanía (incluyendo el Lago Titicaca y el Amazonas) y denunció además recortes presupuestales que han afectado la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y la Policía, limitando el alcance del Estado en zonas remotas.
Sobre conflictos puntuales, el Vicealmirante abordó la controversia fluvial entre Perú y Colombia (isla de Chinería / Santa Rosa) y la complejidad que genera la sedimentación del río Amazonas, advirtiendo de posibles escaladas diplomáticas y también señaló la fragilidad de áreas como Purús (Ucayali), donde la desconexión territorial favorece la influencia extranjera y de actores no estatales.
En ese sentido, alertó frente a proyectos internacionales sobre la Amazonía que podrían erosionar soberanía a mediano o largo plazo.
Para cerrar, propuso medidas concretas: fortalecer la presencia estatal a través de bases y cuarteles en zonas no pobladas, crear “fronteras vivas” y ciudades modelo que provean servicios básicos y oportunidades económicas, e impulsar una responsabilidad compartida entre gobierno central, autoridades regionales y comunidades locales.
Por último, hizo un llamado a la acción decidida y sostenida en favor de la seguridad, la soberanía y el desarrollo regional.
A su turno, el Dr. Juan Villarán Escardó, especialista en seguridad, vinculó la seguridad fronteriza con la seguridad ciudadana, enfatizando que esta última ya es preocupación prioritaria de la población y hoy constituye un asunto de seguridad nacional.
Recordó que el Perú enfrenta siete fronteras —cinco terrestres, una marítima y una “séptima” figurada: el crimen organizado infiltrado— y expuso la dimensión territorial y las pérdidas históricas que condicionan la necesidad de defensa y políticas de integridad territorial.
Asimismo, describió la economía ilegal transfronteriza —narcotráfico, minería ilegal y contrabando— como vectores que alimentan la violencia y penetran instituciones, estimando cifras multimillonarias que oscilan entre decenas de miles de millones de dólares según distintas estimaciones.
Agregó también la existencia de identidades y dinámicas culturales transnacionales en zonas como Puno, que requieren políticas de integración cultural y presencia estatal para evitar fracturas identitarias.
Ante ese diagnóstico propuso una reforma integral del sistema de seguridad: una estructura de conducción en tres círculos (órgano central tipo Estado Mayor, un segundo círculo interinstitucional con actores clave y un tercer nivel operativo convocado por necesidad); una profunda reforma de la Policía Nacional con especialización y depuración; y la incorporación de 30 000 nuevos agentes preparados y una política de carrera clara para garantizar presencia operativa en todo el territorio.
Asimismo, planteó medidas en el ámbito penitenciario y judicial: construcción de macropenales de alta seguridad, modernización de pabellones y programas productivos mediante asociaciones público-privadas para rehabilitación efectiva. Finalmente, insistió en la necesidad de sanciones ejemplares contra líderes del crimen organizado, una reestructuración de la Fiscalía y el Poder Judicial, y un llamado a la ciudadanía —especialmente a la juventud— para involucrarse en la defensa de la democracia y la seguridad nacional.
Finalmente, el Coronel EP (r) Juan Carlos Liendo, ex director de la DINI, centró su intervención en la practicidad del problema: las fronteras han cambiado de naturaleza y la respuesta del Estado debe ser operativa y tecnológica, no meramente normativa.
Por ello, afirmó que las fronteras no son solo líneas sino sistemas dinámicos de influencia geoeconómica donde confluyen migración, narcotráfico y economías ilegales.
Por otra parte, explicó que el Perú no carece de leyes ni diagnósticos, sino de presupuesto y liderazgo: las responsabilidades están distribuidas entre Fuerzas Armadas, Comando Conjunto, Policía y Cancillería, pero la falta de una autoridad única y recursos suficientes diluye la acción.
Asimismo, identificó entre 13 y 17 áreas críticas, sobre todo en la Amazonía, donde programas históricos como las Unidades Militares de Asentamiento Rural (UMARes) han sido abandonados, dejando poblaciones en situación de vulnerabilidad e incluso optando por servicios de países vecinos.
En tal sentido, puso énfasis en la necesidad de priorizar tecnología moderna, inteligencia y decisión política, más que la promulgación de nuevas leyes y señaló también que existen proyectos viables de “fronteras vivas” —modelos de ciudad y economía circular que pueden consolidar presencia y desarrollo—, pero que su implementación depende de voluntad política y financiamiento.
Por otro lado, recriminó la lógica de priorizar la integración declarativa sin dotarla de recursos materiales y humanos de seguridad y defensa.
Finalmente, concluyó con una advertencia práctica: las fronteras débiles son caldo de cultivo para el crimen transnacional y la migración desordenada; por tanto, se requiere un Estado fuerte, liderazgo claro, coordinación interinstitucional y modernización tecnológica para recuperar control y protección.
Santa Anita, 11 de noviembre de 2025
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