La inauguración estuvo a cargo del Dr. Hugo Guerra Arteaga, Director Ejecutivo de Cátedra Perú, en representación del Rector de la USMP, en la cual subrayó la gravedad de este problema que, además de su ilegalidad, está vinculado con mafias delictivas, trata de personas, narcotráfico y devastación ambiental y advirtió que la minería ilegal no es una actividad de subsistencia, sino una economía criminal organizada, con especial énfasis en el caso de Madre de Dios, donde ya se han destruido 50,000 hectáreas de la Reserva Nacional de Tambopata.

Además, recordó la histórica vocación minera del Perú, desde épocas preincaicas hasta convertirse en una potencia mundial en la actualidad. La minería formal aporta aproximadamente el 15% del PBI, representa el 63% de las exportaciones y mantiene al país en el top 5 de productores mundiales.

“Sin embargo, todo ese potencial está amenazado por factores como la inestabilidad política, la sobrerregulación, la criminalidad organizada y la falta de visión estatal. Además, pese a tener una cartera de 51 proyectos por más de US$ 54,000 millones, el desarrollo minero formal sigue estancado”, lamentó.

Asimismo, planteó que uno de los retos fundamentales es la percepción negativa de la minería en las comunidades, influida por discursos ideologizados y por la falta de políticas claras que promuevan la distribución equitativa del canon.

“La minería responsable puede ser una oportunidad única de desarrollo sostenible”, señaló y pidió articular a Estado, empresa y población bajo condiciones de paz social y resaltó los avances de la gran minería en sostenibilidad, ética, transparencia y respeto por los derechos humanos.

Sobre la minería de pequeña escala, instó a no confundirla automáticamente con la ilegalidad, recordando que existen prácticas como la minería artesanal, informal y ancestral que requieren un tratamiento diferenciado.

Por otro lado, criticó duramente el fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en 2016. Reveló que, de los 90 mil mineros inscritos, solo el 2.4% se ha formalizado. Denunció que más del 80% no cumple requisitos mínimos, pero siguen operando sin sanción, debido a una legislación permisiva, lo que ha generado un sistema caótico que facilita la impunidad, lo cual fue cuestionado incluso por el Tribunal Constitucional.

Finalmente, relató el caso dramático de Pataz, donde 13 trabajadores fueron asesinados por mafias vinculadas al oro ilegal, lo que motivó la intervención militar. Frente a esta compleja realidad, hizo un llamado a reflexionar y plantear soluciones realistas. Concluyó declarando inaugurada la sesión, con el deseo de que esta contribuya a esclarecer el problema y construir alternativas de solución sostenibles y justas para el país.

La ronda de exposiciones inició con la intervención del alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien denunció que los gobiernos locales enfrentan severas limitaciones en su capacidad de gasto, no por mala gestión, sino por las demoras en las transferencias del canon minero y las condiciones climáticas que paralizan obras durante gran parte del año.

“Los procedimientos administrativos toman hasta 60 días para firmar contratos, lo que complica aún más la ejecución oportuna del presupuesto. Pese a haber empezado el año con poco más de 3 millones de soles, actualmente ejecutamos alrededor de 47 millones, gracias a transferencias tardías que exigen eficiencia extrema en tiempos reducidos”, explicó.

Por otra parte, contextualizó geográfica e históricamente a la provincia de Pataz, compuesta por 13 distritos en una zona de difícil acceso, donde la minería artesanal ha existido por más de 460 años, remontándose incluso a tiempos preincaicos. 

Denunció que tres distritos están bajo toque de queda y con prohibición de minería artesanal, pese a que el 82.3% del territorio provincial está concesionado formalmente para actividades mineras y cuestionó que se tache de ilegales a todos los mineros artesanales, cuando muchos de ellos tienen una herencia ancestral. Para él, los verdaderos ilegales son quienes han provocado asesinatos, fosas comunes y enfrentamientos vinculados a mafias criminales.

El alcalde fue enfático en defender la diferencia entre minería ilegal y minería artesanal ancestral. “Hay que sepultar a la minería ilegal, pero hay que respetar la minería artesanal ancestral”, denunció que los crímenes en los socavones no han sido visibilizados por las grandes mineras ni por el Estado, pese a que –según él– han ocurrido múltiples enfrentamientos con decenas de muertes, por lo que culpó a la inacción del gobierno central y cuestionó a instituciones como el Ministerio de Energía y Minas y la OEFA por no intervenir frente a la contaminación del río Marañón.

En ese sentido, propuso un modelo de convivencia entre la gran minería y los mineros artesanales y sostuvo que el Estado debe permitir que los artesanales trabajen en áreas concesionadas que no estén siendo explotadas, citando que solo el 3.47% de los terrenos concesionados están en uso.

“Esto no solo es viable, sino justo, ya que muchos cerros no son aptos para agricultura ni ganadería. Durante la pandemia, pobladores en extrema pobreza lograron mejorar radicalmente sus condiciones de vida gracias a la minería artesanal, dando educación de calidad a sus hijos y desarrollando economías familiares que antes parecían imposibles”, explicó.

El alcalde también desmintió la idea de que los mineros artesanales no tributan, indicando que sí pagan impuestos, pero que es el Estado quien no genera los mecanismos necesarios para formalizarlos, por lo que propuso que el gobierno implemente puentes de diálogo y gestión, tal como se hace con la gran minería, para incluir a los pequeños productores en el sistema formal.

“La minería artesanal es la que da vida a la economía en Pataz.  Su desaparición dejaría a la provincia en el abandono económico total”, afirmó, explicando que esta actividad dinamiza transporte, comercio, grifos, ferreterías y restaurantes.

Finalmente, criticó que, tras 46 años de presencia de gran minería en Pataz, no se haya construido un hospital ni un solo centímetro de carretera asfaltada, y que el canon minero que recibe la provincia sea menor al de distritos costeros, por lo que exigió un trato más justo para una provincia históricamente marginada.

En su intervención durante la Cátedra Perú 128, el Ing. Rafael Belaúnde Aubry abordó el origen histórico de la informalidad en el Perú, estableciendo que esta tiene raíces profundas en el Perú que, desde su nacimiento, excluyó a las mayorías indígenas y rurales. Citando a historiadores, denunció cómo, tras la independencia, la nueva élite criolla perpetuó la exclusión de los pueblos originarios, quienes ya desconfiaban de las promesas republicanas y afirmó que esa exclusión histórica justifica, en gran parte, la legitimidad de muchas formas de informalidad, aun cuando sean ilegales desde el punto de vista normativo.

Para Belaúnde, es fundamental distinguir entre informalidad y criminalidad y rechazó la minería delictiva, que contamina y explota, pero defendió a los mineros informales que solo buscan subsistir ante un sistema legal diseñado para marginarlos.

“La informalidad legítima surge cuando el Estado crea leyes que impiden el acceso equitativo a la propiedad o a la economía formal. Esto no es un problema reciente, sino parte de una república criolla que ha negado la ciudadanía plena a gran parte de la población”, explicó.

Al enfocarse en la minería, sostuvo que la pequeña minería no solo es menos contaminante y más eficiente energéticamente que la gran minería, sino que también está mejor distribuida territorialmente y deja un menor impacto visual y ambiental.

“La pequeña minería hace socavones, los rasguños son imperceptibles; la gran minería deja cicatrices visibles desde el espacio”, enfatizó. Sin embargo, advirtió que esto no debe traducirse en una oposición binaria, pues reconoció que el país necesita también a la gran minería por sus aportes económicos, siempre que no sea a costa del pequeño productor.

Asimismo, criticó duramente la legislación minera actual, especialmente desde la promulgación de la ley de concesiones en los años noventa, que —según dijo— fue diseñada para excluir a los pequeños mineros.

“Antes, se podía tener una concesión de una hectárea; ahora se exige un mínimo de 100 hectáreas, lo que favorece el acaparamiento del subsuelo por grandes actores. Hay que reducir el tamaño mínimo de las concesiones a 10 hectáreas y elevar significativamente el costo del derecho de vigencia para evitar que estas tierras queden ociosas, bloqueando a otros emprendedores”, explicó.

Finalmente, propuso una reforma profunda del marco legal y administrativo que regula la minería, eliminando trabas burocráticas absurdas que terminan castigando al pequeño minero.

Carlos Gálvez Pinillos, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, inició su intervención recordando sus más de 50 años de trayectoria en la minería, desde el Banco Minero —donde se fomentaba la pequeña minería— hasta su paso por Buenaventura.

Desde esa experiencia, enfatizó que la minería ilegal es hoy un grave problema nacional que se extiende por zonas como Madre de Dios, La Rinconada, el río Nanay y el Putumayo, contaminando ecosistemas vitales y afectando a comunidades indígenas.

Por lo que criticó que se haya llegado al punto de que ni la policía puede garantizar seguridad en estos territorios, señalando que no se trata solo de conflictos con grandes mineras, sino de una expansión criminal que compromete la seguridad nacional.

En contraste, destacó que el Perú cuenta con un enorme territorio aún sin explorar (más de 110 millones de hectáreas), por lo que urge fomentar la prospección responsable y recordó cómo el Banco Minero ofrecía apoyo técnico y legal a pequeños mineros para formalizarlos adecuadamente y realizar operaciones seguras, con acceso controlado a explosivos y acompañamiento técnico.

En ese contexto, criticó la creación del REINFO, que permite a quienes se acogen a él operar sin ninguna fiscalización, incluso si no cumplen con normas laborales, ambientales ni de seguridad. “Hoy, muchos trabajan en condiciones de esclavitud”, advirtió, al referirse a los trabajadores informales bajo este régimen.

Gálvez también respondió a críticas sobre el bajo costo del derecho de vigencia por hectárea, señalando que, aunque los primeros 10 años se pagan solo $3 por hectárea, a partir del año 11 ese monto se incrementa progresivamente hasta $150 anuales por hectárea.

Explicó que los grandes proyectos mineros requieren décadas para poder comenzar a producir, debido a la complejidad técnica y los trámites ambientales y sociales. Por ejemplo, mencionó que proyectos como Antamina tardaron entre 30 y 50 años en entrar en operación. Por ello, consideró ligeras las propuestas que plantean recortar los plazos de concesiones o cuestionan la inversión en exploración a largo plazo.

Finalmente, lanzó una dura crítica a una reciente propuesta del Congreso que busca permitir que el Estado compre mineral sin verificar su procedencia legal, advirtiendo que eso convertiría al Banco de la Nación en una lavandería de dinero. A su juicio, aceptar tal medida legitimaría el robo de mineral de concesiones ajenas y eliminaría cualquier incentivo a la formalización.

Contrario a las afirmaciones de los expositores anteriores, las empresas formales pagan hasta 49% en impuestos, mientras que los informales no tributan ni llevan contabilidad.

En su intervención durante la Cátedra Perú 128, el Ing. Roque Benavides Ganoza centró su exposición en la gravedad de la minería ilegal y en la urgente necesidad de formalización, recordando que, aunque el 70% de la economía peruana es informal, la minería informal representa solo el 20% del sector, lo cual —a su juicio— demuestra que la minería es relativamente más ordenada que otros sectores económicos.

Sin embargo, alertó sobre la creciente expansión de la minería ilegal, especialmente en zonas de selva como Madre de Dios, el río Nanay y regiones fronterizas, advirtiendo que esta actividad contamina ríos y destruye el entorno sin ningún tipo de regulación.

 “No se trata de minería grande o chica, se trata de minería responsable”, subrayó y fue enfático en que el Estado peruano ha fracasado en enfrentar esta problemática.

“Mientras la minería formal es fiscalizada exhaustivamente por múltiples entidades, los ilegales operan sin restricciones. El REINFO se ha convertido en un mecanismo que otorga impunidad, incluso cuando los inscritos no cumplen con requisitos básicos”.

Además, advirtió que los informales y ilegales no respetan derechos laborales, pagan bajos salarios, no dan protección ni seguridad a sus trabajadores y operan sin control ambiental alguno, lo que representa un atentado directo a los derechos humanos y al desarrollo sostenible.

En otro momento, abordó el debate sobre el tamaño de las concesiones mineras y explicó que la naturaleza mineral no es uniforme y que muchas veces las grandes extensiones contienen zonas sin mineralización, por lo que reducirlas no garantiza mayor aprovechamiento.

También advirtió sobre los riesgos ambientales de la minería ilegal para las relaciones internacionales, señalando que el Perú también podría contaminar aguas que fluyen hacia Brasil o Bolivia, lo cual agravaría el problema en el plano regional.

En ese sentido, propuso soluciones concretas: promover contratos entre pequeños mineros y titulares de concesiones, revisar el marco legal para facilitar la formalización y fortalecer la fiscalización sobre las plantas procesadoras, que actualmente compran mineral sin verificar su origen legal.

“Es ahí donde se puede controlar buena parte del flujo de minerales ilegales”, acotó y también propuso una ley específica que promueva la pequeña minería, acompañada de un andamiaje institucional que permita su desarrollo con responsabilidad y sostenibilidad.

Finalmente, denunció la existencia de un doble estándar en la fiscalización, en el que las empresas formales son auditadas constantemente mientras se ignoran las operaciones ilegales. Afirmó que esta desigualdad debilita el Estado de Derecho y desmoraliza al país.