La Universidad de San Martín de Porres, el CAEN y el Instituto de Seguridad Ciudadana de la USMP organizaron la 121 Sesión de Cátedra Perú, denominada “El crimen organizado y la seguridad interna”, en el auditorio del CAEN, la cual contó con la participación de expertos en este tema, que está afectando profundamente a la población del Perú. La presente cátedra tuvo como moderador al Dr. Hugo Guerra Arteaga, Director Ejecutivo de Cátedra Perú.
La inauguración estuvo a cargo del Vicerrector Académico de la USMP, Dr. Raúl Eduardo Bao García, quien afirmó que, en la actualidad, todas las formas de delincuencia y criminalidad se han posicionado en la sociedad peruana hasta límites nunca antes vistos.
“La violencia ha llegado a niveles increíbles que, solo para graficarlos, acaba de tener dos expresiones terribles: de un lado, los transportistas del cono norte limeño se han declarado en huelga porque están asesinando a los choferes que no pagan los cupos que las mafias les imponen; y, del otro lado, en la sierra liberteña de Pataz, la minería ilegal ha logrado establecer una especie de zona liberada, donde quienes extraen oro de manera desregulada están rodeados por verdaderos ejércitos de matones que se enfrentan entre sí con armamento pesado”, explicó.
Asimismo, agregó que los indicadores del narcotráfico se están disparando y demuestran que el movimiento ilegal de las drogas en nuestro país sobrepasa los tres mil millones de dólares anuales; y la trata de personas –agravada por la migración irregular de extranjeros– supera los cuatro mil millones de dólares cada año.
“Es urgente una reacción orgánica y coordinada del Estado, porque está demostrado que la Policía Nacional está sobrepasada en sus capacidades de respuesta; y, peor aún, está sumida en una crisis política que afecta a sus mandos, aparte de que cuenta con un presupuesto operativo que resulta ínfimo ante el reto de la inseguridad, con el agravante de que se le va a recortar el presupuesto en el año fiscal 2025”, lamentó.
Por otra parte, indicó que, a nivel del Congreso de la República, hay iniciativas dispersas y apenas se ha comenzado el debate sobre la posibilidad de una ley en torno al “terrorismo urbano”; pero hasta el momento no hay evidencias de que se haya articulado lo que en su momento se denominó como el “Plan Boluarte”.
“Hay, en suma, mucha tarea por hacer en el plano legislativo con la revisión de normas sustantivas y procesales; con la redefinición de los roles de las entidades tutelares y, sobre todo, con una expresión política clara de real apoyo a las reformas que se necesitan para el combate contra el crimen organizado”, finalizó.
Posteriormente el Coronel Roberto Vizcardo Benavides, Director (e) del Instituto de Investigación “Gral. Div. José del Carmen Marín Arista” del CAEN, hizo presente el saludo del Director de su Institución, Dr. José Luis Beas y destacó la participación de las instituciones presentes por mostrar interés en tan importante problemática.
Analizando la inseguridad
La ronda de exposiciones inició con la conferencia del Coronel (r) Juan Carlos Liendo, exdirector de la DINI, con el tema: “El crimen organizado y la seguridad interna del país”, quien explicó que entender el crimen organizado y sus efectos en Perú implica una aproximación desde la inteligencia estratégica para comprender el contexto y una aproximación académica para proyectar soluciones.
“Esta cátedra es una puerta que tiene por finalidad generar un debate serio, profundo e inmediato frente a este flagelo que es el crimen organizado, que se presenta en Perú”, señaló.
Dicho esto, aseguró que nunca en nuestra historia hemos sufrido un fenómeno de violencia tan grande que pone en jaque al Gobierno, agregando que el elemento que gatilla el crimen internacional en el Perú es el Tren de Aragua, que se proyecta sobre toda la región de diferentes maneras y, en Perú, de una forma muy particular.
“La dinámica de este crimen no solamente es un hecho de carácter delincuencial, sino que tiene una proyección en la política a través de la corrupción y la infiltración en las fuerzas de seguridad. También tiene una dinámica económica, porque se asocia con empresas formadas por grupos criminales que dinamizan el lavado de activos”, especificó.
Asimismo, tiene un impacto de naturaleza social, porque hay un crecimiento exponencial sobre la sociedad a través de sus células. Una característica singular en el Perú es que aquí las bandas criminales operan bajo un modelo de franquicias, y no como estructuras jerárquicas tradicionales.
“Este tipo de crimen se expresa también a través de la infiltración en instituciones de gobierno: Poder Judicial, Congreso, Poder Ejecutivo e instituciones policiales en toda la región. Amenaza el funcionamiento del libre mercado mediante economías ilegales, nexos criminales con redes de terrorismo internacional, expansión del tráfico de personas, contrabando de armas, robo de propiedad intelectual, cibercrimen y captación de capacidades de soporte, como abogados, contadores, bufetes de abogados, banqueros, empresarios y periodistas, entre otros”.
Frente a todo este escenario, propuso un marco legal similar al Acta Patriótica planteada por Estados Unidos tras el ataque a las Torres Gemelas, para responder de manera inmediata; declarar al crimen organizado como terrorismo, autorizar detenciones masivas, juicios sumarios con jueces sin rostro como en El Salvador, construcción de cárceles, agravamiento de penas, uso de las Fuerzas Armadas y la Policía como fuerza auxiliar bajo jurisdicción del fuero privativo en espacios geográficos y tiempos definidos; crear un comando unificado, similar al del frente interno, firmado en el Consejo de Seguridad Nacional, porque esto debe tener autorización política.
“Las decisiones deben venir desde el nivel político, porque es importante la reestructuración general de la Policía y del Ministerio Público. Esto no es una receta a rajatabla. Es una propuesta desde la inteligencia estratégica y desde la academia para debatir el tema con seriedad”, finalizó.
A continuación, el General (r) Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal, basó su exposición sobre la minería ilegal en el Perú. Aseguró que hay una parte importante de la minería informal o en proceso de formalización que está alineada con la minería ilegal a través del Registro Integral de Formalización Minera, ya que con la ampliación de los plazos de formalización se incrementa esta problemática, que está más ligada a la pequeña minería y a la minería artesanal.
“En los siete años que tiene el Registro Integral de Formalización Minera, solo el 2.4 % de los mineros, que corresponde a 2841 personas, se ha formalizado, lo que no está sirviendo para combatir la minería ilegal”, resaltó.
Frente a esta problemática, indicó que están trabajando en tres ejes: formalización de la minería, erradicación de la minería ilegal y recuperación del medio ambiente, agregando que esto también es un problema político, social, económico y hasta de seguridad nacional, por lo que la solución debe ser integral.
“Lo que tenemos que hacer es reducir la minería ilegal. Otro aspecto es la formalización, que es lo más importante para combatir este flagelo, pero se deben generar las condiciones, por ejemplo, a través de la propuesta de una ley de minería artesanal y de pequeña escala que elimine el REINFO y que incentive la formalización”, sustentó.
Otra propuesta –anunció– es la búsqueda de economías alternativas; trabajar con las comunidades campesinas y nativas; controlar sustancias como el cianuro y el mercurio, trabajar un marco legal diferente y, fundamentalmente, debe haber decisión política para combatir la minería ilegal.
Finalmente, el Director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la USMP, Renzo Reggiardo, resaltó la disposición de la universidad para combatir la inseguridad ciudadana a través de este foro y mediante la creación de un instituto vinculado al tema de seguridad, pionero a nivel universitario.
En su intervención, sostuvo que debe haber una autoridad del más alto nivel que dependa directamente de la Presidencia de la República, que empiece a generar articulación entre todos los actores.
Así también, como propuesta, se solicitó al Congreso de la República la delegación de facultades para la emisión de normas que permitan mejorar las actividades de prevención, persecución, juzgamiento y rehabilitación.
“Entre las normas se podría considerar la reforma policial, que incluya la especialización; la creación de la policía municipal con facultades de intervención en delitos menores y control del tránsito; facultades al INPE para determinar el uso de grilletes electrónicos con la finalidad de reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios; modificar la Ley 27933 para incluir una Secretaría Técnica del más alto nivel.
Asimismo, propuso modificar, de ser el caso, la Ley 31012, Ley de Protección Policial, que deroga el inciso c) numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo 1186 sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza, que genera la percepción en la población de una aparente impunidad en casos de intervenciones en las protestas; y también una amnistía para la entrega de armas de fuego, para que estas sean entregadas a las autoridades, entre otros aspectos.
“Y, muy importante, desde la Presidencia de la República se debe asumir el liderazgo de la lucha contra la inseguridad ciudadana y participar personalmente en las sesiones de CONASEC”, solicitó.
Posteriormente, inició la ronda de preguntas del público, concluyendo finalmente la Cátedra Perú 121.
Santa Anita, 02 de octubre de 2024
Oficina de Relaciones Públicas
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