La Universidad de San Martín de Porres, a través de Cátedra Perú, desarrolló la Cátedra Perú N° 129, denominada: «Enfrentemos la corrupción con integridad», en la Cámara de Comercio de Lima, lugar donde asistieron empresarios, políticos, representantes de embajadas, docentes y alumnos, quienes participaron activamente en este espacio de reflexión académica y ciudadana.
La jornada reunió a destacados ponentes del ámbito empresarial y académico, quienes coincidieron en señalar que la lucha contra la corrupción requiere no solo de instituciones sólidas, sino también de un firme compromiso ciudadano y empresarial.
La bienvenida estuvo a cargo del Ing. Roberto de la Tore Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, quien resaltó que la corrupción es un fenómeno que debilita los cimientos de la democracia y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y señaló que, si bien se han implementado diversos mecanismos legales y de control, aún existen brechas que permiten que estas prácticas se reproduzcan en distintos niveles del Estado y del sector privado.
En ese sentido, planteó que uno de los mayores desafíos está en articular esfuerzos entre organismos públicos y privados, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas como ejes centrales.
“No basta con endurecer las sanciones, sino que resulta indispensable establecer un sistema de prevención y monitoreo eficaz”, afirmó.
Asimismo, subrayó la necesidad de promover la educación en valores desde la etapa escolar hasta la vida profesional. En su opinión, solo formando ciudadanos conscientes de la trascendencia de la ética pública y privada se podrá construir un futuro libre de prácticas corruptas.
Finalmente, hizo un llamado a las universidades para que sean actores clave en la investigación, formación y vigilancia ciudadana, consolidando una red académica que aporte evidencia y propuestas concretas frente a este problema estructural.
La inauguración estuvo a cargo del Vicerrector Académico de la USMP, Dr. Raúl Eduardo Bao García, quien destacó que la corrupción no debe analizarse únicamente como un problema legal o administrativo, sino como un fenómeno que afecta de manera transversal el desarrollo del país y enfatizó que se trata de un problema cultural que exige cambios en la mentalidad de los ciudadanos.
“La universidad tiene un rol protagónico en la construcción de una sociedad íntegra, en la medida que puede formar líderes éticos, comprometidos con el servicio público y con responsabilidad empresarial”, expresó.
Por ello, remarcó la necesidad de que la academia impulse espacios como la Cátedra Perú, donde confluyen diversas miradas para ofrecer soluciones y recalcó que la integridad debe convertirse en un valor transversal en todas las actividades humanas, desde la vida cotidiana hasta la gestión empresarial y pública.
Finalmente, invitó a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a sumarse activamente a este compromiso de lucha contra la corrupción, señalando que el cambio verdadero comienza con las acciones individuales y colectivas en favor de la transparencia y la ética.
Intervención de panelistas
El Ing. Julio Pérez Alván, presidente de Proetica, señaló que, a pesar de contar con normas sólidas y organismos especializados en la lucha contra la corrupción, los resultados aún son limitados. Esto se debe —indicó— a la falta de articulación entre instituciones y a la debilidad de los sistemas de control.
“El problema no es solo normativo, sino también de ejecución y vigilancia. La ausencia de seguimiento ciudadano genera vacíos que permiten que la corrupción se normalice en la gestión pública y privada”, afirmó.
El expositor subrayó que la corrupción constituye un atentado directo contra los derechos humanos, porque genera desigualdad en el acceso a servicios esenciales y afecta de manera especial a los sectores más vulnerables de la población.
Concluyó remarcando la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y transparencia, de manera que la sociedad civil se convierta en un actor vigilante del uso de los recursos públicos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de La Tore Aguayo, subrayó que la lucha contra la corrupción no es responsabilidad exclusiva de las autoridades, sino un esfuerzo que debe involucrar al Estado, al sector privado, a la academia y a la ciudadanía en su conjunto.
Destacó que la corrupción golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, debilita instituciones, frena el crecimiento económico y erosiona la confianza en el país y recordó cifras preocupantes, como el costo estimado de más de 24 mil millones de soles en 2023 y el hecho de que más de la mitad de los peruanos considera este problema como su principal preocupación, lo que evidencia la urgencia de un cambio cultural profundo.
Asimismo, advirtió que la corrupción no solo se manifiesta en la mala gestión pública, sino que hoy actúa como facilitadora de economías criminales, como el narcotráfico, la minería y la tala ilegal, que se expanden gracias a redes corruptas dentro del Estado. Esta situación, explicó, distorsiona la función pública, socava la democracia y pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos.
Por su parte, la Dra. Delia Muñoz destacó que existe una amplia estructura jurídica nacional e internacional para enfrentar la corrupción, pero subrayó que estos mecanismos no están funcionando de manera efectiva. Citó convenios internacionales, la Ley de Transparencia y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción como herramientas valiosas, aunque aún poco utilizadas por la ciudadanía.
Asimismo, recordó que la corrupción vulnera derechos fundamentales al generar discriminación práctica en el acceso a salud, educación y vivienda y planteó que la verdadera transformación requiere de la participación ciudadana organizada, capaz de fiscalizar y exigir rendición de cuentas mediante el acceso a la información pública.
“La academia tiene la responsabilidad de impulsar a los estudiantes a realizar trabajos de investigación aplicados al monitoreo del gasto público y la gestión estatal”, expresó.
Finalmente, enfatizó que la corrupción es un fenómeno de doble vía: tanto funcionarios como empresarios pueden estar involucrados. Por ello, pidió un compromiso serio del sector privado en el cumplimiento de normas de integridad, evitando que los mecanismos de control se conviertan en meros trámites formales.
A su turno, el periodista Juan Paredes sostuvo que el combate a la corrupción debe abordarse con una mirada integral, que considere tanto el fortalecimiento de instituciones como la promoción de valores ciudadanos y subrayó que, si bien existen múltiples estrategias anticorrupción, su éxito depende de la articulación entre sociedad civil, Estado y sector empresarial.
Resaltó que los procesos de fiscalización no deben ser únicamente sancionadores, sino preventivos y formativos. De esta manera, se construyen prácticas sostenibles que generan confianza en la ciudadanía y reducen las oportunidades de actos corruptos.
El periodista recordó que el crecimiento económico no será sostenible si la corrupción continúa debilitando el sistema institucional. “La transparencia en el manejo de recursos públicos es condición indispensable para atraer inversión y consolidar la gobernabilidad”, indicó.
Concluyó exhortando a las universidades, gremios y cámaras de comercio a convertirse en promotores de buenas prácticas, mediante la formación continua, el diálogo interinstitucional y la vigilancia ciudadana.
Por su parte, el Dr. Alfonso Baella advirtió que la corrupción ha alcanzado niveles que ponen en riesgo la estabilidad del Estado de derecho y la confianza ciudadana y subrayó que se trata de un problema de carácter sistémico que afecta no solo al aparato público, sino también a la vida empresarial y social.
Indicó que resulta fundamental avanzar en mecanismos que permitan a la ciudadanía tener acceso a información clara y oportuna, evitando que las decisiones de las autoridades se mantengan en opacidad. La transparencia, recalcó, es el pilar que sostiene cualquier política anticorrupción efectiva.
Señaló que, si bien se ha avanzado en legislación, los retos persisten en la implementación y el cumplimiento real de estas normas. Por ello, destacó que se requiere un compromiso firme de las instituciones y un rol activo de los medios de comunicación.
Finalmente, planteó que el fortalecimiento de la educación cívica es clave para construir una sociedad que rechace de manera categórica toda práctica corrupta, transformando la cultura ciudadana en torno a la integridad y la honestidad.
En su intervención, el Dr. Óscar Caipo Ricci, Past president de la Asociación Empresarios por la Integridad, subrayó que la corrupción es uno de los principales obstáculos para la competitividad del país, pues impacta directamente en el clima de negocios y en la confianza que inspira el sector privado y recalcó que ninguna estrategia de desarrollo será sostenible mientras persista este flagelo.
Destacó la importancia de que las empresas adopten prácticas reales de cumplimiento y no se limiten a implementar protocolos formales y planteó que los empresarios tienen la responsabilidad de liderar con el ejemplo, promoviendo una cultura de integridad que inspire a los trabajadores y genere un impacto positivo en la sociedad. Esto —afirmó— permitirá construir un sector privado transparente y confiable.
Finalmente, hizo un llamado a consolidar alianzas entre el sector empresarial, la academia y el Estado, a fin de crear un ecosistema de integridad que contribuya a erradicar la corrupción y promueva el desarrollo sostenible del país.
Posteriormente a las ponencias, los miembros de PROETICA, hicieron sus comentarios respecto a este importante tema.
Santa Anita, 01 de setiembre de 2025
Oficina de Relaciones Públicas
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