Minería informal: Caso del río Ramis
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Minería informal: Caso del río Ramis

A mediados de la década de los noventas, empresas mineras informales se instalaron en la Provincia de San Antonio de Putina para dedicarse a la explotación de oro en dos modalidades: la explotación de socavón en la zona de La Rinconada, y los lavaderos de oro en la zona de Ananea. Los desechos de este proceso, contaminan la cuenca del río Ramis, comprometiendo a su vez al lago Titicaca.

 

Para tratar este grave problema ambiental, que tiene repercusiones sociales igualmente dramáticas, el Instituto del Perú organizó el pasado 23 de octubre el conversatorio “Minería informal: caso del Río Ramis”, que tuvo como ponente al investigador Miguel Santillana, candidato a doctor en Economía de la Universidad de Manchester, quien desarrolló un importante trabajo de campo sobre el tema.

 

Miguel Santillana explicó el problema y las consecuencias que genera el ejercicio de la minería informal en la provincia de San Antonio de Putina, asimismo hizo referencia a las insuficientes acciones políticas para contrarrestar el daño.

 

Tanto La Rinconada como las pampas de Ananea se encuentran en el distrito de Ananea, en la Provincia de San Antonio de Putina, distantes 18 kilómetros una de la otra. De esta zona nace el río Crucero que es parte de la cuenca del río Ramis.

 

Estos terrenos tienen depósitos aluvionales que contienen oro y pertenecen al Estado peruano pero antes de su proceso de privatización, los terrenos son invadidos por la población lugareña que es influenciada por mineros informales que provienen de Madre de Dios. De esta manera se organizan empresas informales con participación de las Comunidades Campesinas.

 

Estas empresas no son precisamente pequeñas, pues utilizan maquinarias pesadas (removedoras de tierra y volquetes que se alquilan en el lugar). Al remover el terreno acumulan el material al que aplican agua a presión y mercurio para “atrapar el oro”.

 

Por cada poza se extrae más de 50 gramos al día. Sin embargo también se permite que mineros “libres” paguen un derecho por extraer oro de las pozas.

 

En la zona de La Rinconada cada cooperativa tiene asignado un socavón y cada trabajador debe comprar su uniforme y equipo y trabajar 23 días para la cooperativa y 7 días para él. El material extraído se procesa en molinos donde se aplica mercurio, y los desechos se tiran a los riachuelos que terminan en la laguna, la misma fuente de la que se extrae el agua para el consumo humano.

 

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La actividad minera ha traído las más diversas actividades comerciales (haste servicios de telefonía móvil y televisión por cable) en un centro urbano que, sin embargo, adolece de servicios esenciales de agua y desagüe, y hasta de seguridad pública.

 

La vida nocturna es materia de otra actividad comercial por medio de bares-prostíbulos, y ello acarrea casos de enfermedades venéreas, violencia, tráfico de niños, delincuencia, etc. El control policial es ínfimo.

 

Las consecuencias de la contaminación ponen en riesgo la vida de las personas, plantas y animales, cada vez hay más turbiedad en el agua, los ríos han perdido su cauce en varios tramos por el depósito de los sedimentos, la infraestructura hidráulica de riego se ha colmatado afectando las áreas agrícolas, y ya se observan estragos en el ganado, que en algunos casos presenta malformaciones físicas.

 

La población afectada de las ciudades cercanas ha reaccionado ante este problema tratando de ponerle fin. Para ello se viene organizando desde 1998 en un Frente que ha organizado dos paralizaciones en el 2003 y en el 2007.

 

El Estado como respuesta crea, en octubre del 2006, la Comisión Multisectorial encargada de proponer un Plan de Acción dirigido a lograr la recuperación de la cuenca. Y en julio del 2007 se aprueba este plan incorporando a representantes de las zonas afectadas y a los operadores mineros.

 

Entre las acciones inmediatas en el tema minero, están la construcción de una presa, control de los afluentes, establecimiento de pautas de comportamiento en relación al Plan de Emergencia, control del Orden Público y control de calidad de las aguas y monitoreo.

 

En la agricultura y ganadería, las propuestas son limpiar y tratar las tierras, habilitar pozos para consumo de agua de ganado y seres humanos, atender a la ganadería afectada mediante diagnóstico epidemiológico, rehabilitar la infraestructura de riego, y rehabilitar los habitats degradados. En salud, realizar evaluación epidemiológica, campañas y tratamientos y habilitar la disponibilidad de agua para el consumo humano.

 

Para estos proyectos el Estado dispuso 5 millones de soles, cantidad insuficiente para la realización de cada uno de ellos. Esto ha hecho que la población se proponga recurrir a nuevas protestas.

 

La Rinconada y la zona de Ananea es un claro ejemplo de los perjuicios de la actividad minera informal, y hay que tener en cuenta que la minería informal opera en más de 320 centros de explotación en el Perú. La situación que vive el Río Ramis debe tomarse como experiencia para lo que seguirá sucediendo si el Estado no encara esta situación.

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