Reformando el Sector de la Anchoveta Peruana
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Reformando el Sector de la Anchoveta Peruana

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Instituto del Perú de la Universidad de San Martín de Porres 
Junio, 2010
Carlos E. Paredes
23 páginas

 

La reforma de 2008 constituyó un importante paso para reducir las ineficiencias en el sector y aumentar la rentabilidad de la flota. La reforma produjo una serie de beneficios (terminó con la carrera olímpica, aumentó el número de días de pesca, e incrementó la calidad de la harina producida, entre otros). Sin embargo, ésta también presenta fallas de diseño y ejecución que podrían hacer peligrar la sostenibilidad de la especie y del nuevo régimen. Por un lado, la fijación de cuotas individuales incrementa los incentivos a la pesca negra y al sub-reporte de desembarques. Por ello, a menos que la reforma sea perfeccionada eliminando el exceso de demanda (el exceso de capacidad instalada de procesamiento), estas actividades ilegales seguirán atentando contra la sostenibilidad de la especie. Por otro lado, la reforma ha sido inequitativa y ha creado un sistema de protección social que excluye a la mano de obra excedente de las plantas de procesamiento. Ello ha generado malestar social, lo que deslegitima y atenta contra la estabilidad del nuevo régimen.

 

Existen dos opciones para solucionar estos problemas: La primera consiste en un programa de ajuste estructural conducente al retiro voluntario de plantas, cuyos dueños y trabajadores serían compensados con los flujos provenientes de un gravamen a ser pagado por las empresas que permanezcan en la industria (las beneficiarias del nuevo régimen). La segunda opción consiste en fijar una cuota global de producción de harina de pescado para el conjunto de la industria y luego asignar cuotas individuales de producción transferibles. Esto ayudaría a proteger la biomasa eliminando efectivamente los incentivos a la pesca ilegal.

 

La pesca masiva no reportada durante la primera temporada del año 2009 muestra claramente que uno de los principales problemas que afecta al sector es la corrupción. Para enfrentar este problema, el gobierno debería considerar la creación de una Superintendencia de Pesca y Acuicultura, como un organismo autónomo separado del Vice-Ministerio de Pesquería, que estuviese encargado de las funciones de supervisión y sanción. Bajo este esquema, el VMP mantendría su función normativa.

 

 

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